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CMR Colombia
El proyecto de ley que impulsaba el gobernador Scott Walker (Republicano) de ajuste del presupuesto estatal y que implica una serie de recortes a los derechos sindicales, incluyendo la restricción del derecho a la negociación colectiva y un duro golpe a las finanzas de los sindicatos del sector público, y que ha sido asumida por la mayor parte la población como una lucha por doblegar el último resquicio de las organizaciones sindicales de los EEUU, luego que desde 2009 los sindicatos de trabajadores y trabajadoras públicas agrupen en números totales a más personas que los del sector privado, ha sido finalmente aprobada el pasado 11 de Marzo. Contrario a lo que podría haber pensado Walker, lejos de desmoralizar al movimiento, le ha dado un nuevo impulso.
El sistema capitalista ha experimentado una profunda transformación. La recesión mundial, en realidad una crisis de sobreproducción sin precedentes desde 1929 agudizada por el desplome del sector financiero y la explosión de deuda pública en los países capitalistas más poderosos como consecuencia de la aplicación generalizada de planes de rescate, ha sacudido los cimientos económicos y políticos del capitalismo internacional. Los fundamentos de la ideología burguesa predominante en estas últimas décadas y los pronósticos de los estrategas del capital han sido desmentidos por los hechos.
Una nueva alarma se ha disparado: las devaluaciones competitivas de las monedas se está convirtiendo en una práctica cada vez más generalizada. La escalada está adquiriendo tal potencia que algunos medios la califican ya como guerra de divisas. Transcurridos casi tres años desde el estallido de la gran recesión, la burguesía vuelve a demostrar su incapacidad para poner orden en el caos que genera su sistema. Esta espiral desmiente los discursos que machaconamente hablan de la "refundación" y "regulación" del capitalismo. Más allá de las bonitas palabras, una era de inestabilidad y lucha despiadada por los mercados se abre paso.
El 23 de abril la gobernadora republicana del Estado de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB 1070 conocida también como la "ley antiinmigrante", que impide a los inmigrantes sin papeles solicitar trabajo ya que cualquier indocumentado será calificado de "criminal" y podrá ser encarcelado durante seis meses, pagará una multa de 2.500 dólares para, posteriormente, ser deportado a su país de origen. También califica como criminales a todos aquellos que les den empleo, refugio o apoyo de cualquier tipo; obliga a todos los empleados públicos a verificar la situación migratoria de cualquier persona que "parezca" inmigrante ilegal, permite a la policía detener sin orden de y castiga a quien "promueva" el ingreso de indocumentados a territorio de Arizona. Los funcionarios del gobierno que no cumplan con estas tareas también serán sancionados. Si no es vetada, la SB 1070, entrará en vigor en agosto. El miedo, la desesperación y la rabia de miles de inmigrantes se han combinado con movilizaciones y organización.