Sin júbilo, pero sin vilo y aparentemente sin perdedores, terminan los ocho años más terribles por los que haya pasado Colombia. Cabalgando la batalla de la lucha contra la insurgencia, la clase dirigente ha llevado al país, y con él a sí misma, a una de las peores crisis que haya tenido que afrontar. El carácter de esta crisis es particular, puesto que en la superficie todo da la impresión de estar bajo control. Las elecciones transcurrieron sin mucho revuelo, a pesar de las graves denuncias de fraude y de clientelismo, que es mucho peor que el fraude. Los medios de comunicación, luego de haber inflado al candidato Mockus hasta las nubes, no escatimaron un segundo en abandonarlo una vez perdió. Su alineación casi súbita con Santos constituye un verdadero pacto de punto final, tal como sucedió con Uribe: Sus vínculos con el paramilitarismo, los escándalos constantes de espionaje, corrupción y falsos positivos para nombrar algunos, jamás conllevaron el cubrimiento que debieron tener. Así sucede con el nuevo presidente, todo su expediente parecerá ahora una nota al pie en su impecable hoja de vida de estadista. Una buena muestra de gobernabilidad informativa: los medios dejan mandar al que quieren, a quien no, lo engullen. Este mágico idilio, empero, es artificial. La oligarquía colombiana se ve en una necesidad de relevar su cara más brutal ya que, si bien por un momento su discurso logró polarizar a una gran parte de la población en un discurso defensista, tema al que volveremos más adelante, hoy su efecto más claro es la progresiva agudización de la lucha de clases.