La situación social en Colombia es, como hemos descrito en múltiples ocasiones, una bomba de relojería a punto de estallar. En el año 2010 se registró el mayor número de movilizaciones sociales y obreras desde 1990, y lo que va corrido del presente no es la excepción: desde las movilizaciones en contra la explotación minera del páramo de Santurbán, pasando por las ingentes jornadas de protesta de los estudiantes universitarios contra la reforma de la ley 30, hasta el movimiento por la octava papeleta para suprimir la ley 100 y su régimen de intermediación del derecho fundamental a la salud, el presente año ha estado signado por el auge, aún fragmentario, aún espontáneo, aún sin dirección revolucionaria, de las diversas capas y fracciones del pueblo colombiano. De todas ellas, es el sector minero-energético, la principal “locomotora” económica del gobierno santista, el más importante, tanto por lo que significa para la economía nacional como, sobre todo, por su faz social, que expresa nítidamente la lucha de clases que, también en Colombia, se ha abierto en el nuevo periodo.

Este martes, por cuarta ocasión en lo que va corrido del año (desde el mes de junio), los obreros de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, realizaron una gran movilización contra las políticas salariales, de contratación y seguridad social de la multinacional pacific rubiales, empresa de origen canadiense que, como otras tantas, se reparten el botín de nuestros recursos naturales, con la venia y complacencia del gobierno de Santos. Los trabajadores, todos ellos tercerizados, con infrahumanas condiciones de trabajo (seguridad social, salud, alojamiento dentro de las instalaciones, restaurante, tiempos de trabajo y días de descanso etc.), se tomaron las porterías de la compañía multinacional, a lo que las directivas, en contubernio con el Estado, con SU Estado, respondieron de manera represiva, con gases lacrimógenos, bolillo y militarización de las instalaciones.

Más de un día de batalla campal fue saldado con trabajadores heridos, víctimas del accionar represivo del Estado, que premia a las multinacionales con concesiones para explotar nuestros recursos y exenciones tributarias para hacerse con el conjunto de los beneficios de la explotación, mientras a los obreros les asegura el bolillo, la cárcel y la intimidación, cuando lo que exigen no es sólo justo, sino constitucional y legal.

Los medios de comunicación han jugado un papel destacado en la distorsión de la información, haciendo uso de su amplio público y de sus sofisticadas técnicas de propaganda para presentar a los trabajadores como vándalos, al sindicato que los ampara (USO) como promotor del terrorismo, y en general a las razones de su protesta como injustificadas, argumentos estos con los que otrora se ha reprimido de manera sangrienta a los obreros en Colombia y en todo el mundo.

No dicen estos medios nada sobre las condiciones leoninas de contratación de los trabajadores: precarización, tercerización laboral, contratos por prestación de servicios o mediante cooperativas, todas ellas contrarias a la formalización del empleo y a la dignificación de las condiciones de vida de los trabajadores; persecución implacable de los obreros sindicalizados y negación de facto del derecho de asociación sindical, el tipo de organización que tiene como fin la defensa de los derechos de los trabajadores frente al apetito voraz de las compañías. Tampoco hablan, ni más faltaba, de las responsabilidad del anterior gobierno en esta situación de precarización laboral, así como en la legalización del despojo, materializada en las leyes de seguridad jurídica y las exenciones tributarias, mecanismos mediante los cuales las compañías del sector minero-energético explotan nuestros recursos con una ínfima cuota de retribución, todo ello para satisfacer las condiciones de la “confianza inversionista”. Medidas todas estas sostenidas y aún reforzadas por el actual gobierno, que posa de progresista ante las cámaras de televisión propias y foráneas (para la sacrosanta aprobación del TLC con USA), pero que en sus actos combina todas las formas de lucha, legales y policiales, contra los trabajadores y la población.

Lo cierto es que la política económica del Estado es desastrosa e imperialista: cuando el valor del petróleo, el oro y los demás recursos naturales va al alza, tenemos la tasa de regalías más bajas del continente, las licitaciones se entregan a manos llenas a las compañías multinacionales y a la burguesía criolla, y las condiciones de contratación se mantienen en un estado de precarización agravada, de cuenta de lo cual las despensas de la burguesía se acrecientan en medida semejante a como los trabajadores, productores naturales de la riqueza en la sociedad capitalista, se empobrecen progresivamente. El talante clasista del Estado colombiano se manifiesta con nítida claridad, a la vez que la lucha de clases empieza a delinear sus contornos en el argot de la movilización y la confrontación.

Frente a la campaña represiva y difamadora del Estado burgués y los medios de comunicación contra los obreros de Puerto Gaitán, debemos denunciar y solidarizarnos con los trabajadores de pacific rubiales y el departamento del Meta, y promover la movilización efectiva, cargada de denuncia, contra los medios y el Estado, medio general de la represión burguesa contra los obreros. Los obreros de Puerto Gaitán, nuevamente, se ponen al frente de la lucha de clases en Colombia, demostrando que el camino para conquistar mejores condiciones de vida y transformar la sociedad no es otro que el de la organización y la movilización de la clase obrera, lucha cuyo norte debe ser el socialismo, la nacionalización de los factores de producción bajo el control democrático de los trabajadores.