La crisis actual de la Universidad pública en Colombia obedece a la cristalización de un largo proceso abanderado por los últimos gobiernos mediante el cual se pretende descargar al Estado de su obligación de garantizar el derecho a la educación superior. En otras palabras, es la resultante de una paulatina privatización que el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos parece estar dispuesto a finiquitar con una nueva "reforma" de la legislación colombiana que regula las Universidades públicas (Ley 30 de 1992), y con la "propuesta" de un proyecto de Ley sumamente lesivo para un país cuyas universidades se encuentran ya bastante deterioradas por las políticas implementadas en los gobiernos anteriores.
Para poner solo algunos ejemplos, el proyecto de "reforma" suprime la figura de entidades sin ánimo de lucro para las Universidades públicas y propone la "inversión de capital privado" como estrategia económica para su funcionamiento; asimismo propone la ampliación de cobertura a 650.000 nuevos cupos en todo el país, cuando la realidad es que las principales Universidades no pueden garantizar semejante expansión mientras no haya condiciones de infraestructura ni vinculación de un cuerpo profesoral proporcional a tales exigencias y, menos aún, mientras se mantenga la política de precarización de la carrera docente con la práctica de contratación de "profesores de cátedra" (es decir, profesores remunerados por el número de horas de clase dictadas). El proyecto condiciona, también, la destinación de recursos para la financiación de las Universidades a unas "adiciones", algo así como "bonificaciones" por las que las Universidades públicas competirían a manera de "incentivos" otorgados bajo el criterio del cumplimiento de ciertos "logros" en materia de la cobertura y de producción académica. Cabe señalar que en la actualidad esta política de privatización se encuentra ya en una fase muy avanzada en lo concerniente a los sistemas de investigación, pero también en el caso de los posgrados, los cuales en las Universidades públicas colombianas funcionan con costos de matrícula incluso superiores a los de las Universidades privadas,  y con un promedio equivalente al de diez salarios mínimos mensuales por cada semestre académico.

A la par con estas reformas legislativas, el gobierno ha movilizado una persecución política contra las Universidades formando alrededor de ellas la opinión pública según la cual éstas son escuelas de subversivos, focos de guerrillas, y por tanto, una amenaza para el conjunto de la sociedad. Con este pretexto mantiene cercos policiales permanentes alrededor de algunas universidades, siendo la Universidad de Antioquia en Medellín una de las más afectadas. Desde septiembre de 2010, el gobierno local ha prohibido el ingreso a las instalaciones universitarias a todo aquel que no tenga una vinculación directa (estudiante, profesor, empleado), para lo cual ha implementado un nuevo dispositivo de identificación (un carné electrónico), y desde la misma fecha mantiene una fuerza de choque (Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD) en todos los accesos al campus. Esta fuerza tiene carta blanca de las autoridades universitarias y gubernamentales para invadir los predios universitarios al menor brote de protesta, y así lo ha hecho en repetidas ocasiones y de manera brutal durante los últimos meses. En suma, la universidad colombiana pasa por una política de reformas legislativas sumamente lesivas, regulada por un fuerte dispositivo de represión directa por parte de los organismos de policía.

A pesar de todo, las Universidades han sido enérgicas en el decidido rechazo a esta situación de agresión tanto política como policial, y han logrado grandes movilizaciones (publicaciones, foros, marchas, entre otras). En algunos momentos esta movilización ha generado parálisis de las actividades académicas y, también, el cierre temporal de algunas universidades, este último ordenado, generalmente, por las directivas como estrategia para disolver las acciones de las organizaciones estudiantiles y de los movimientos. En algunos casos, los líderes estudiantiles han denunciado amenazas de muerte por parte de fuerzas paraestatales, práctica que reaparece esporádicamente en las Universidades públicas colombianas desde los años 90, cuando el paramilitarismo infiltró grupos de "Autodefensas universitarias" que, además de ejercer la práctica terrorista de la intimidación, acabaron con la vida de líderes  estudiantiles y de investigadores sociales como Jesús María Valle, Hernán Henao y Gustavo Marulanda. A estas amenazas de los organismos paraestatales hay que sumar anuncios como los del pasado gobierno de Álvaro Uribe, quien hace un par de años ordenó que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) "investigara" a docentes y estudiantes universitarios, lo cual produjo detenciones como la del profesor colombiano Miguel Ángel Beltrán en México, quien fue presentado como un ideólogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en hechos que demuestran la persecución de los académicos por parte de las autoridades y su preocupante situación de vulnerabilidad.

La crisis de la universidad pública colombiana, ciertamente, constituye un oscuro presagio para América Latina. Lo que dicha crisis evidencia es la aplicación de políticas gubernamentales hechas a la medida de las exigencias de la economía internacional y del proceso de "globalización". En esa medida, no es posible aislar el interés en privatizar las universidades de las políticas que se implementan en otros sectores, como la concesión de las redes viales a consorcios privados, las reformas al sistema pensional o la enajenación a particulares de los recursos naturales de la nación. Es la situación más o menos general de países que en su momento sucumbieron al régimen extorsivo de la "deuda externa", y que hoy por hoy se ven obligados a rendirle cuentas al capital internacional. Los costos sociales de tales exigencias se traducen en el deterioro de los derechos fundamentales, como el trabajo, la salud y la educación. En este contexto, y como herramienta de análisis, un inventario de las realidades universitarias en los restantes países latinoamericanos se torna urgente. Invitamos a esta construcción colectiva a quienes, como nosotros, asumimos nuestra parte de responsabilidad en la defensa de la Universidad pública, con el ánimo de forjar en el medio de estas nuevas luchas una Universidad por venir.

Por: Corresponsal Anónimo

*SITIOS RECOMENDADOS:

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http://www.desdeabajo.info/index.php/actualidad/colombia/4564.html

http://www.semana.com/noticias-nacion/aulas-trincheras/117790.aspx